Martes, 24 de octubre de 2017 / 5:39 am


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Asociación de Alcaldes denuncian cancelación de contratos para administrar los residenciales públicos afectará los servicios a sectores vulnerables

Asociación de Alcaldes denuncian cancelación de contratos para administrar los residenciales públicos afectará los servicios a sectores vulnerables

SAN JUAN, Puerto Rico (CyberNews) – Como un nuevo atentado contra la estabilidad fiscal y operacional de los municipios, pero esta vez en menoscabo de los servicios y la calidad de vida de comunidades vulnerables catalogó el lunes, el presidente y portavoz de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), licenciado Rolando Ortiz Velázquez, el anuncio hecho por la Administración de Vivienda Pública, para cancelar los contratos que mantiene esa agencia con varios municipios en la isla, para la administración de los residenciales públicos.

“Los alcaldes asociados perjudicados con esta decisión, adjudicada de forma unilateral, le solicitamos una reunión con carácter de urgencia al secretario de la Vivienda para que nos aclare su intención de dejarnos fuera de la administración de estos residenciales, a los que en la mayoría de los casos, le hemos triplicado en servicios e iniciativas municipales lo que se nos paga por administrarlos”, dijo Ortiz Velázquez en conferencia de prensa.

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“Si la intención es pasarlos a manos privadas, todas las acciones de bienestar social, de educación, recreación y cultura que los municipios han desarrollado con el aval de las Juntas de Residentes, se vendrán abajo, y el deterioro social de estas comunidades, se agravará en cuestión de meses. En el caso del municipio de Cayey, los niños y jóvenes de los residenciales que administramos han sido impactados con programas en las artes y los deportes, que les han permitido aumentar sus habilidades y destrezas”, añadió.

Ortiz Velázquez, señaló que los contratos que mantenían municipios como Carolina, Coamo, Comerío, Villalba, Hormigueros, San Germán, Sabana Grande, Guaynabo y el propio municipio de Cayey suscritos con la Administración de Vivienda Pública, que vencen, el próximo 30 de junio, no serán renovados.

Para muchos de los ejecutivos municipales, administrar estos complejos de vivienda pública, les permitió extender programas educativos con bibliotecas cibernéticas, talleres de tutorías, campamentos de verano, retretas culturales, técnicos en recreación y deportes y amas de llaves, entre muchos otros.

“Esa línea directa con el gobierno local, nos permitió allegar servicios a esta población donde la necesidad es real de una manera ágil y efectiva. Una compañía privatizadora, no puede dar estos servicios, porque están para generar ganancias y pagar nóminas altísimas. A quien se pretende beneficiar ahora con estos contratos…no lo sabemos, pero un frente común con los ciudadanos de estos sectores para haremos detener esta injusticia, Si es verdad, que a este gobierno le interesa proteger a los ciudadanos en comunidades vulnerables que lo demuestre ahora, con este asunto, que afecta a más miles de residentes en pública destacó Ortiz Velázquez quien no descartó acudir la Administración federal de Vivienda en la región de Atlanta, para denunciar la acción del gobierno central en contra de los municipios.

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