Martes, 17 de octubre de 2017 / 6:31 pm


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Cámara aprueba enmiendas a “Ley de Detectives Privados y Guardias de Seguridad”

Cámara de Representantes de Puerto Rico

El Capitolio, San Juan, Puerto Rico –  Durante Sesión Ordinaria, la Cámara de Representantes aprobó una medida que busca “hacer justicia social” a quienes laboran como detectives privados y guardias de seguridad  en Puerto Rico, corrigiendo el estatuto que regula estas profesiones en cuanto a los mandatos relacionados a la renovación de sus licencias.

El Proyecto de la Cámara 258, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, enmienda la Ley Núm. 108 del 29 de junio de 1965, conocida como “Ley para regular las profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla a los tiempos, extender el periodo para la renovación de licencias, impartirle mayor claridad y transparencia al proceso de expedición de licencias, garantizar mayor protección al interés público, aclarar las circunstancias en que un detective privado o guardia de seguridad es empleado de una agencia, entre otros fines.

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Según explica la Exposición de Motivos de la pieza, pese a los cambios introducidos por la Ley 141-2014 (Ley para regular las profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico), la renovación de la licencia necesaria para ejercer estas ocupaciones era un requerimiento anual, lo que podría ser oneroso para los trabajadores.

Rodríguez Aguiló sostuvo que entre los reclamos de profesionales en estas áreas, estaba el “que resultaba tedioso tener que todos los años cumplir con el pago de su anualidad para tener sus licencias al día. No tenían problemas con que se aumentara un poco la cantidad de la anualidad, pero que se hiciera cada dos o tres años. Entendimos que era un proyecto factible, ya que no afecta el bolsillo de los policías, guardias de seguridad o detectives privados porque no implica algún aumento, pagarán lo mismo pero cada dos años”.

El legislador subrayó que la medida no supone algún impacto fiscal al gobierno de Puerto Rico y añadió que “le estamos dando a la Policía de Puerto Rico la oportunidad de unos ingresos adicionales al adiestrar a estos profesionales”.

Entre los cambios propuestos a la legislación se encuentra el que la solicitud o renovación de licencia de detective privado o agente de seguridad se realice cada dos años (requiriendo el pago de $20 para agentes de seguridad y de $50 para detectives privados), se faculta al Superintendente de la Policía a requerir que parte de los cursos o adiestramientos sean tomados en la Academia de la Policía y se le autoriza a requerir que estos profesionales reciban cursos de educación continua.

“Una de las enmiendas que sufrió este proyecto dentro de su evaluación tiene que ver con la educación continua porque queremos fortalecer su educación. No los vemos como un ente aparte de la seguridad del Gobierno, todo lo contrario. Si podemos maximizar los recursos que tenemos en este sector privado, podemos fortalecer la prevención, importante para disminuir la criminalidad en Puerto Rico”, indicó el portavoz de la mayoría.

La pieza, además, provee para que los fondos provenientes de la venta de comprobantes electrónicos de rentas internas que fueran cancelados por el Jefe de la Uniformada, ingresen al Fondo General del Tesoro Estatal y al “Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”. Asimismo, se crea un registro público de guardias de seguridad, detectives privados y agencias a los cuales se les ha revocado la licencia, para que pueda ser revisado por el público y las diversas compañías al momento de reclutar o contratar.

“Con este proyecto de ley, obligamos a que las compañías estén registradas y cumplan con la ley, que no estén por la libre”, afirmó el representante.

Por otro lado, fue avalada la Resolución de la Cámara 106, del representante José Aponte Hernández, para evaluar el proyecto educativo de la rama judicial, “Taller Padres y Madres para Siempre” a fin de conocer su efectividad y evaluar hacer el taller obligatorio en casos de divorcio que involucren a menores de edad; la Resolución de la Cámara 156 para analizar la efectividad de las disposiciones legislativas y reglamentarias vigentes relacionadas con el funcionamiento y la provisión de todo tipo de servicios y programas de bienestar social en la Isla; y la Resolución de la Cámara 197 para investigar los beneficios y repercusiones de los “Puntos de encuentro familiar” en Puerto Rico con miras a fortalecer los vínculos familiares y ofrecer seguridad en las relaciones filiales.

Mientras, el Cuerpo dio paso a la Resolución de la Cámara 121, del representante Pedro Santiago Guzmán, que ordena una investigación en torno a los esfuerzos administrativos y operacionales que ejerce la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para identificar casos de hurto de energía, al igual que los tipos de dispositivos regularmente utilizados para intervenir con los contadores o para que estos no reflejen el consumo real de energía.

Finalmente, se favoreció la Resolución de la Cámara 116 para evaluar el estado de las tuberías de desagüe de las principales carreteras y avenidas en la Isla, incluyendo a aquellas que ubican dentro de la demarcación territorial del municipio de Toa Baja; la Resolución de la Cámara 174 que busca estudiar las condiciones de la carretera PR-149, a la altura del municipio de Villalba;  y la Resolución de la Cámara 238 para realizar una investigación en relación a la posibilidad de la construcción de un nuevo acceso vehicular en la Urbanización Villa del Carmen en Ponce.

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