Lunes, 23 de octubre de 2017 / 5:52 am


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Evalúan enmiendas del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores

Delitos Sexuales

El Capitolio, San Juan, Puerto Rico – La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Lassalle Toro, inició hoy vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara 791 que enmienda la Ley 266-2004 (“Ley de Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores”) a fines de disponer para la actualización constante de la información contenida en el Registro. La medida persigue, además, que esa comunicación sea publicada en los periódicos de circulación general de la Isla, al menos trimestralmente, y que se realicen correcciones técnicas en el estatuto, entre otros fines.

Entre las enmiendas propuestas, figuran el que el ofensor sexual deberá realizar su registro inicial dentro del término de tres días laborables contados a partir de su excarcelación o de iniciar los beneficios de libertad a prueba, libertad bajo palabra o de comenzar a participar en un programa de desvío, tratamiento o rehabilitación establecido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación; la Policía verificará trimestralmente la veracidad de toda la información provista por el ofensor sexual, el Sistema (de Información de Justicia Criminal o SIJC) deberá realizar las gestiones pertinentes para que el Registro se publique debidamente actualizado en los periódicos de circulación general de Puerto Rico, al menos trimestralmente, y, para fines de la información presentada en el portal de Internet, el Sistema identificará en clase aparte a las personas convictas por el delito de maltrato a menores cuando se incurra en conducta constitutiva de abuso sexual.

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En su ponencia, la Superintendente de la Policía, Michelle M. Hernández de Fraley, quien fue representada por el teniente Víctor Castro Pabón, favoreció el proyecto bajo evaluación, destacando, entre otros factores, los méritos de aumentar el alcance de la información contenida en el Registro.

“No todas las personas tienen acceso inmediato al Internet o tan siquiera a computadoras. Advirtamos, sin embargo, que los ciudadanos pueden solicitar a la Policía información sobre el Registro al área policíaca más cercana donde resida. Ahora bien, no empece a la existencia de este proceso, reconocemos que su publicación en un periódico de circulación general resultaría idóneo para la seguridad pública, por tratarse de un medio de comunicación masiva”, afirmó Hernández de Fraley.

La titular de la Uniformada destacó que la creación del Registro de Ofensores Sexuales obedece a la imperiosidad de que las autoridades y la población conozcan el paradero de un ofensor por motivos de seguridad y enumeró las medidas que se han tomado dentro del Cuerpo Policiaco para hacer cumplir el estatuto con la mayor eficacia posible.

Asimismo, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, quien fue representada por el licenciado Emmanuel Guzmán Román, avaló la medida y realizó una serie de recomendaciones al texto, entre éstas, que se mantengan informadas a todas las personas o entidades que soliciten datos sobre los ofensores sexuales, incluyendo información sobre nombres, apellidos, seudónimos, foto actualizada, descripción física, entre otros cuya divulgación no esté expresamente prohibida. Además, establecer de manera específica que la verificación a ser efectuada por la Policía podrá tener lugar mediante otros medios o recursos, tales como las bases de datos de las agencias de ley y orden, y otras dependencias gubernamentales de Puerto Rico, así como la corroboración de información con el propio ofensor y la comunidad donde reside.

Por su parte, la licenciada Mercedes Peguero Moronta, presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), se expresó a favor de la medida, mencionando en su ponencia algunas reservas que solicitó sean consideradas. Entre estas, el que la omisión de la frase “tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal” del estatuto, resulte en la pérdida de fondos federales, y si el Gobierno cuenta con los recursos necesarios para dar paso a la publicación trimestral en los periódicos de la información contenida en el Registro.

No obstante, recalcó que “una de las misiones de la Junta de Libertad Bajo Palabra es garantizar la seguridad de las víctimas de delitos. La gravedad de los daños que sufren las víctimas de delitos sexuales, incrementa el interés de la JLBP en que se implemente más y mejores técnicas para evitar la reincidencia en este tipo de delitos. En relación a la medida propuesta, entendemos que persigue el balance promulgado por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a búsqueda de garantizar la seguridad de la sociedad”.

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