Martes, 24 de octubre de 2017 / 5:40 am


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Fundamental reforzar reglamento para regular industria del cannabis medicinal en la Isla

La Comisión de lo Jurídico, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Ecónomicas del Senado de Puerto Rico

El Capitolio, San Juan, Puerto Rico – La Comisión de lo Jurídico, que preside la representante María Milagros Charbonier Laureano, y la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Ecónomicas del Senado, presidida por el senador Thomas Rivera Schatz, continuaron hoy, martes, el análisis del Proyecto de la Cámara 818 (Proyecto del Senado 340). La medida pretende establecer la “Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)” con el propósito de reafirmar la prohibición del uso recreacional del cannabis y crear el marco legal en Puerto Rico para atender el cannabis medicinal, entre otros fines.

Durante su ponencia, el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos A. Flores Ortega, avaló la medida por entender que su fin primordial es “la búsqueda del bienestar de pacientes con condiciones médicas que afectan su calidad de vida”. Añadió que la ley lograría proveer una alternativa de tratamiento necesario para pacientes de cáncer, SIDA, entre otros, en cumplimiento con los mejores estándares y requisitos de control de calidad, a la vez que crea una industria que incentivará la economía de la Isla.

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A preguntas de los miembros de las comisiones, Flores Ortega comentó que la reglamentación para regular la industria del cannabis medicinal podría atemperarse a los cambios en la industria y sostuvo que la pregunta a realizarse es qué se puede hacer para que la planta sea lo suficientemente saludable. Recomendó que se haga la distinción de que el cultivo de la planta “no es agricultura tradicional, es más elaborado”.

Mientras, el Rector Interino del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ramón F. González García, quien fue representado por los catedráticos José F. Rodríguez Orengo e Iadelisse Cruz González, de los departamentos de Bioquímica y Práctica en Farmacia, respaldó la intención legislativa de proveer los controles médicos adecuados para asegurar el uso reglamentado, responsable y supervisado del cannabis medicinal.

Entre sus recomendaciones, figuró la inclusión de un médico, un dentista y un farmacéutico en el organismo rector y la asignación de un ente regulatorio para evaluar los resultados de los laboratorios y que estos sean consistentes con los estándares federales (“FDA”) para el análisis de este tipo de producto. Además, que sea prioritario el desarrollo del componente académico, investigativo y de desarrollo en lo que concierne al RCM, en un esfuerzo conjunto con el Departamento de Salud; que los productos deben contar con controles como los de los productos farmacéuticos y el uso de personal de la Escuela de Medicina y la Escuela de Farmacia de la UPR para orientar a la Junta Reglamentadora.

El galeno aclaró que favorece el uso de formulaciones preparadas de los compuestos del cannabis, no así el uso de sus componentes secos (flor). Esto, porque es imposible poder dosificar adecuadamente a los pacientes cuando no puede mantenerse un control sobre la cantidad absorbida y porque es de conocimiento que los efectos de quema del cannabis son nocivos a la salud pulmonar y cardiovascular.

“El cannabis medicinal debe ser la última opción” de tratamiento, luego de haber intentado infructuosamente otras alternativas para tratar alguna condición de salud, indicó Rodríguez Orengo.

Por su parte, el Dr. César A. Vázquez Muñiz, especialista en Medicina de Familia, Medicina Interna y Cardiología, apuntó que la pregunta fundamental es si el cannabis medicinal es un medicamento bonafide y señaló que el reglamento no establece una dosificación específica para tratar las condiciones que menciona. Por tal motivo, sugirió posicionar el cannabis en el contexto de una investigación legítima de acuerdo a los estándares de la FDA y del Drug Enforcement Administration (DEA).

A su vez, la Lcda. Ellyam Martínez González, certificada en Desórdenes Adictivos y Salud Mental, catalogó el cannabis como “potencialmente adictivo y contraproducente al sano desarrollo de las personas” y advirtió que “si queremos hablar de medicamentos y tratamientos para pacientes, tenemos que comenzar a cambiar el vocabulario a ‘cannabionoides purificados’”, puesto a que los fármacos elaborados a partir de estas sustancias son sintetizados, purificados y dosificados.

Tras reiterar que no está de acuerdo con la dispensación de la flor cruda y que no se está llevando a cabo un monitoreo sobre el uso del cannabis, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico indagó sobre cómo intervendrá un agente de la Uniformada con un paciente de cannabis medicinal, quien porte licencia autorizando su uso.

“Nuestros policías son adiestrados. Cuando se han hecho incautaciones de otras drogas, existen unos trademarks, unas simbologías, que nos permiten distinguir si algo proviene del bajo mundo”, respondió la Superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley. Abundó en que “la junta tiene tarea para que esto se regule y que el departamento de la Policía pueda hacer su trabajo de ley y orden. El proyecto de ley tiene que dar el marco, pero es importante que los miembros correctos estén en la junta para evolucionar los parámetros a utilizar. La parte de seguridad tiene que ser más específica, tiene que estar más enmarcada, la parte de experimentación tiene que tener más flexibilidad”.

En términos de su impacto económico, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras endosó la pieza por incorporar las Guías de Cumplimiento provistas por la División del Departamento del Tesoro Federal, como requisito para instituciones que brinden servicios a componentes de la industria del cannabis medicinal. Asimismo, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) favoreció el proyecto por entender que propicia la investigación científica e integración de la academia en el estudio del cannabis para uso medicinal. Sugirió, se enmiende el lenguaje del propuesto requisito de cubierta de seguro y disponga que se “requerirá las pólizas de seguros y cubiertas que deberá poseer y mantener cada tenedor de licencia a ser emitida por una compañía de seguros autorizada a hacer negocios en Puerto Rico”. La OCS dijo estar dispuesta a colaborar con la Junta a ser creada para delinear las cubiertas de seguros que serán apropiadas.

De igual forma, la Junta de Directores de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), concurrió con el propósito de la medida y opinó que “la industria emergente del cannabis medicinal es novel en Puerto Rico. Su incorporación ordenada a los sistemas de salud, fiscal y financiero del país es esencial para mantener un desarrollo ordenado y seguro en beneficio del interés público”.

Antes de que concluyeran los trabajos, el presidente senatorial mantuvo que “la ciencia tiene que ir evaluando todo lo que sea mejor para el aspecto salubrista”, pero reiteró que no se le dará paso al uso del cannabis para fines recreacionales.

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